El venezolano Junior Puerta cumplió ocho meses recluido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, a pesar de haber firmado desde hace tres meses su retorno voluntario hacia su país natal.
Detención prolongada y trabas burocráticas
El calvario legal de Puerta comenzó en febrero de 2026, cuando agentes migratorios lo arrestaron en una parada vial en Jacksonville, Florida. Su defensa legal y su cónyuge recurrieron a la figura del habeas corpus tras emitirse la orden formal de expulsión el 12 de mayo de 2026, sin que las autoridades concreten su salida definitiva.
Marlinis Aliendres, esposa del migrante, explicó que su pareja no cuenta con antecedentes penales y que el núcleo familiar procuró mantenerse en regla mediante el Estatus de Protección Temporal y solicitudes de asilo desde que ingresaron legalmente a territorio estadounidense en 2020. Ante la falta de recursos económicos y el prolongado encierro, Aliendres optó por regresar a Venezuela junto a su hija.
La postura de las autoridades migratorias
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas argumentó que el detenido sobrepasó el periodo autorizado de estancia legal en. La agencia federal sostiene que se ha respetado el debido proceso, que los internos cuentan con atención médica constante y que la permanencia bajo custodia responde a decisiones individuales, promoviendo herramientas como la aplicación CBP Home para agilizar las salidas voluntarias.
Las políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump han incentivado programas de autodeportación con apoyos de hasta 3.000 dólares para abandonar. Sin embargo, familiares denuncian fallas logísticas de las autoridades, quienes han movilizado al recluso en diversas ocasiones sin concretar el vuelo de repatriación.
Un panorama general de expulsiones
Hacia octubre de 2026, la corporación migratoria implementó nuevas directrices para regular las intervenciones en vehículos tras registrarse incidentes violentos. En ese marco, los registros del centro TRAC recopilados hasta agosto de 2026 contabilizaron a 741.870 extranjeros con orden de expulsión formal, dentro de un sistema donde el 83,5% de los procesos cerrados concluyeron mediante la figura de salida voluntaria.
